POR UN SERVICIO PUBLICO DE JUSTICIA MODERNO

Aragón acaba de recibir la transferencia de las competencias sobre medios personales
y materiales de la administración de Justicia. Sin embargo, el desarrollo de políticas
autonómicas propias en la materia están fuertemente limitadas por las competencias
reservadas al Estado. Sólo una revisión en profundidad de la legislación estatal hará
posible un servicio público de Justicia de calidad y acorde con el Estado autonómico.
CHA propone:
42. Reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial para que refleje con todas sus
consecuencias la realidad de un Estado plurinacional.
43. Modificar el Estatuto Orgánico de Jueces y Magistrados, estableciendo una
nueva regulación en materias tales como la forma de ingreso en la carrera judicial,
turnos restringidos, provisión de vacantes, jueces sustitutos, responsabilidad e
independencia, con competencias transferibles a las CCAA a través de Consejos
Autonómicos del Poder Judicial.
44. Modificar el procedimiento para el nombramiento de los vocales del Consejo
General del Poder Judicial con el fin de evitar la situación de bloqueo a la que ha
llevado el enfrentamiento entre los dos grandes partidos estatales, interviniendo en
su nombramiento de forma activa las CCAA.
45. Atribuir a los Tribunales Superiores de Justicia de las CCAA las funciones de
Tribunal de Casación, de modo que resuelvan en última instancia todos los
procedimientos judiciales iniciados en su jurisdicción, manteniendo el Tribunal
Supremo únicamente las competencias de unificación de doctrina entre Tribunales
Superiores o resolución de conflictos de competencia entre órganos de distintas
CCAA, además del enjuiciamiento de aforados.
46. Suprimir la Audiencia Nacional, por tratarse un órgano extraño a la verticalidad de
la jerarquía judicial y anacrónico en la construcción de un Estado democrático
federal.
47. Abolir la Justicia Militar con la consiguiente asunción de sus competencias por la
justicia ordinaria.
48. Reformar el procedimiento penal para atribuir la instrucción de las causas al
Ministerio Fiscal.
49. Reformar el Código Penal, procediendo a una nueva valoración de la gravedad de
los delitos, conforme a los cambios en los hábitos de comportamiento de la
ciudadanía y las nuevas fórmulas de criminalidad, despenalizando terminadas
actuaciones, aminorando la gravedad de otras y endureciendo determinados
delitos, como los que tengan origen en racismo o xenofobia, la violencia de género
o la corrupción.
50. Impulsar el máximo consenso en la lucha antiterrorista.
51. Derogar la Ley de Partidos Políticos en lo relativo a su disolución o suspensión.
52. Potenciar decididamente la Justicia de proximidad en todos los ámbitos.
53. Modificar la Planta judicial en Aragón, a fin de adecuarla a la organización
comarcal.
54. Traspasar a las CCAA el Cuerpo de Secretarios Judiciales.

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